Internet por puntos

La penúltima gran ocurrencia que han tenido los británicos para acabar con las descargas ilegales de internet es cortar el servicio a quien cometa tamaño pecado. En serio. Aunque a El País se le fuera la mano con el titular y explicaban sin mucha alarma que el "Reino Unido vetará a los intenautas que se descarguen música y videos". Así, como si bajarte una canción (previo pago) del iTunes, o cualquier disco editado bajo licencia Creative Commons, o mismamente un corto que el director difunde libre y gratuitamente para darse publicidad, fuera dejar a cualquiera sin conexión a internet y sin la cada vez más importane parcela de vida sociovirtual. Luego ya concretan, en el subtítulo, que se trata de un anteproyecto de ley que pesigue eso, obligar a las compañías proveedoras de servicios de internet a que corten el servicio a quien descargue contenidos ilegales. No inmediatamente, claro. Antes se darían un par de avisos etc. etc. Aunque por ahora y por suerte España está lejos de semejante despropósito, porque aquí no es ilegal lo que allí sí es ilegal por mucho que los medios de aquí confundan nuestra legislación con la de allí.

En cualquier caso, la idea (por ahora es poco más que una idea, aunque en Francia ya tienen algo así) me parece un tanto descabellada. Tanto como ponerle puertas al campo. Por lo pronto, Bruselas se ha lavado las manos y deja en manos de los correspondientes gobiernos la legislación al respecto. Dice, eso sí, que a priori las compañías no tienen obligación de facilitar al gobierno las identidades de los usuarios de las redes P2P (Emule y similares). El sentido común obliga a pensar que la declaración de la UE es reduntante: Las redes P2P no tienen, a priori, por qué ser utilizadas para compartir contenido ilegal, por lo que debería ser obvio que, a priori, ni las compañías tienen obligación de facilitar información al gobierno, ni éste debería tener ningún interés en dicha información. Otra cosa es que, según países y legislaciones, se utilicen más o menos (muchas veces más) para descargar contenilos ilegales. La presunción de culpabilidad que tratan de aplicar aquí contradice un par de derechos fundamentales de los que ningún tribunal debería permitir que fueramos privados.

Disquisiciones filosófico-legales aparte, tampoco tengo yo muy claro cómo lo querrán hacer para distinguir los contenidos legales de los ilegales o cómo identificar archivos que se transfieren no ya troceados, sino en varios archivos distintos. Y cuestiones técnicas al margen, los gobiernos y los medios podrían aprender un poco de sus propios titulares: Si en un país como China, con todo el control y la censura que tratan de imponer, los internautas consiguen poco a poco escapar al sistema, ¿qué pretenden conseguir los dirigentes europeos? Pues ya han conseguido que, ironías de la vida, los ahora conocidos como Grande-Marlaska y antes como Garzón, se sumen a la cada vez más larga lista que músicos que editan sus trabajos bajo licencia Creative Commons. Y con nombre de superjuez. Para que vengan con leyes.

.