Condenados

Un titular que ha pasado bastante desapercibido estos días pese a la campaña de información emprendida por las bibliotecas públicas y alguna columna en El País: "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena a España por eximir a todas las bibliotecas públicas de cobrar un canon por el préstamo del libros".

La polémica no es nueva. Hace dos o tres años, el CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) ya intentó que las bibliotecas pagaran cierta cantidad por cada libro prestado. Irónico que el CEDRO, en su página web, afirme que su misión es "mejorar las condiciones de trabajo de los creadores de la cultura y facilitar a los ciudadanos el acceso legal a libros". ¿"Acceso legal a libros" es sinónimo de "cajas registradoras en las bibliotecas"? Parece que sí. Afortunadamente, autores, editores y lectores se manifestaron en contra con tanta pasión que quien tuviera la decisión en sus manos optó por no hacer el ridículo. Ahora es la Unión Europea la que nos condena por no cumplir su legislación. No sé qué consecuencias puede tener, pero si la medida llega a hacerse efectiva, o cerramos las bibliotecas o alguien tendrá que pagar mucho dinero.

Lo curioso es que los lectores están en contra de esta medida; las bibliotecas también; los autores, tres cuartas partes de lo mismo; y la mayoría de los editores tampoco ven con buenos ojos esta legislación. Y entonces, si las entidades de gestión de derechos de autor (ya sea la SGAE, ya sea el CEDRO), proclaman a los cuatro vientos que carecen de ánimo de lucro, ¿a quién pretende proteger, quién instiga semejante despropósito?